La batalla decisiva

Estamos, dieciocho años después, en la batalla definitiva por la victoria sobre la Ley Corcuera. La mierda es que amenaza la Ley Fernández/Ley Mordaza (sin haberlo deseado me ha salido un pareado).
Mexplico.
La SECA nació como respuesta a la Ley de Seguridad Ciudadana 1/92, que prohibía el consumo en la vía pública de sustancias prohibidas en virtud de los convenios internacionales sobre drogas, obviamente firmados por España. Igualmente hacía responsables a encargados, camareros o dependientes comerciales del consumo de drogas que se hiciera en su local, ya que previamente, en 1985, la Ley Borrell había decretado que los establecimientos comerciales eran vía pública. Posteriormete se reconoció que los espacios privados, como servicios, almacén, oficina o barra, eran, efectivamente, privados, y se requería orden judicial para registrarlos.
Dado que en cualquier local privado (como es el de una asociación si no tiene negocio abierto al público, en cuyo caso necesitaría licencia de apertura) se podría consumir cannabis, , copiamos, y retocamos a instancias de la DGA, los estatutos de ARSEC (Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis) de Barcelona y fundamos la SECA. La idea era disponer de un local privado donde poder fumar sin miedo a que la policía entrara a joder el rollo, como hacía de vez en cuando en los bares en los que se consentía el consumo de cannabis tras la aprobación de la Ley Corcuera. O sea: casi todos los pubs y muchos bares de tapas.
En 1997 no hacía falta licencia de apertura para un local de asociación en estas condiciones. En 1999 el PP cambió la ley para obligar a solicitar licenciaa de apertura para cualquier local catalogado como comercial. De hecho, en el listado de licencias del ayuntamiento figura el epígrafe de "iglesias y asociaciones".
Abrimos el local de López Allué en julio del 2005. Meses después y ante la denuncia de la policía municipal, nos reunimos con el asesor legal de Urbanismo (entonces en manos de CHA), quien nos afirmó que no habría ningún problema por carecer de licencia, que nunca se había cerrado ninguna asociación salvo el local de unos neonazis de la calle Madre Sacramento que habían sido denunciados (y condenados) por agresiones a los vecinos. Posteriormente fue cerrada la sala Arrebato, de la Asociación Cultural Arrebato, pero tenía denuncias por ruidos y estaba abierto al público.Así que, mientras estuvimos en López Allué, no hubo problemas de licencia durante más de seis años.
A pesar de que nos habían abierto expediente por carecer de licencia, habíamos presentado ya la factura del contrato del arquitecto y nos habíamos entrevistado con reponsables del Servicio de Disciplina Urbanística para aclarar qué camino seguir para la legalización del local, sin que se nos mostrara ninguna urgencia para la presentación de los papeles. Incluso, cuando solicitamos la entrevista con el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, la secretaria nos dijo: "Como no es urgente, lo dejamos para después de las navidades". Así que no esperábamos un cierre inmediato, sino que, en todo caso, nos diesen un plazo para la presentación de la documentación, a modo de ultimátum. Pero no fue así. Se presentaron los municipales a las 21'15 del domingo 27 de abril, con la orden de cierre, tomada por la Comisión de Disciplina Urbanística el 15 de abril. Es curioso que fuese precisamente cuando desde la Subdelegación del Gobierno se le solicitó el visto bueno a la policía municipal para la Marcha Mundial de la Marihuana, y que tardasen 12 días en comunicárnoslo oficialmente. De esa manera, ya no pudo entrar en el Orden del Día de la siguiente reunión de la comisión, celebrada el pasado 8 de mayo. A pesar de que nos reunimos con el Jefe del Servicio de Disciplina Urbanística, sr. Sierra Acín, que revisó los papeles y afirmó que intentaría incluirlo en la reunión fuera del orden del día, no se trató nuestro tema, por lo cual hemos vuelto a ir a dar la plasta (esta vez, además de arquitecto y un servidor, vino otro socio nuestro, abogado bregado y quemado a punto de jubilación). La jefa del sr. Sierra, Concha Rincón (Directora de Servicios de Gestión del Suelo e Intervención Urbanística) lo ha entendido todo y afirma que no hay intencionalidad política detrás y que van a primar los criterios puramente urbanísticos, Que por su parte está todo correcto para que nos aprueben los papeles y nos levanten la suspensión. Pero hay un asesor jurídico cabezota que insiste en que si es local de asociación es una oficina y no debe haber barra, cosa que sí admite la señora Rincón. Esta semana seguiremos hablando con ellos para que no vengan con la tontada de quitar la barra (también se ha hablado del equipo de sonido, pero esta otra tontada parece ya superada).
En cualquier caso, todavía no se sabe si la reunión de la comisión será este jueves 22 o el próximo 29 (más probable este último, por cuestión de las elecciones), pero lo que sí está claro es que nos levantarán la suspensión, aunque nos puedan pedir que tiremos media barra, pero parece poco probable. Confiamos en que así, definitivamente, tendremos claro cómo hacer un club de consumidores en Aragón, tanto en cuanto a distribución y contabilidad (la Brigada de Blanqueo de Capitales, tras la intervención del pasado 21 de diciembre del 2012, presentó a la fiscalía su informe, en el que excluía cualquier indicio de delito fiscal), como de permisos municipales. Es un primer paso (o segundo, o tercero) para la regulación de los mismos. Podrá haber otras maneras de hacerlo, pero dos tribunales de lo Penal y el Ayuntamiento de Zaragoza habrán validado nuestra opción. He sido condenado a dos años por la Audiencia Provincial en una sentencia delirante que afirma que en 40 metros cuadrados no se puede quedar nadie a fumar un porro y que el consumo compartido es sólo para fiestas eventuales. Nuestro compañero Antonio también ha sido condenado  en dos sentencias igual de aberrantes: en la primera, del Juzgado de lo Penal, por un delito de "peligro abstracto" ("No ha pasado nada, pero, como podría haber pasado, te condenamos"), y en la Audiencia en una sentencia que afirma que nuestro local de la calle de La Paz tiene 40 metros cuadrados (el gilipollas ni se dio cuenta de que era diferente dirección que la de mi sentencia previa de la misma sala de la Audiencia. Pero denuncia a un juez por falsedad en documento público...).
Esto es lo que hay. Por ahora. Seguiremos informando.